Lo siento. Ya lo digo ahora. Soy abogada, creo en la justicia, creo en nuestro sistema judicial y de verdad pienso que en general tenemos jueces y juezas preparados y currantes. Pero esto. Esto se debería llamar feria de sábado. A ver quién nos da la sentencia que más nos gusta, quién nos aplica mejor la presunción de inocencia, a gusto del consumidor, del comprador o de quién? No digo que dictar una sentencia de 100 folios sea tarea fácil, ni que se trate de una sentencia al tún tún. No. Pero no podemos confundir los principios fundamentales de nuestro sistema penal, como presunción de inocencia, carga de la prueba, valoración probatoria por el Juzgador… con un mercadillo en el que gana el mejor postor. Sí, y esta es una afirmación rotunda que hago, desde que la política está cada vez más metida en el sistema judicial, comentando y cuestionando estas sentencias mediáticas, y a su vez pasándose por el forro la tan aprendida e importante para los sistemas democráticos «separación de poderes». Este pensamiento político proviene de la maravillosa mente de Montesquieu, precursor del liberalismo y uno de los grandes pensadores del mundo jurídico, que a lo largo de su vida concibió unas ideas revolucionarias para su época, y que promulgaban sistemas de gobierno con conceptos tan importantes como la soberanía nacional, y el mandato representativo, en contra de los mandatos imperativos. ¿Qué separación de poderes puede haber cuando se dicta una sentencia y ya salen a la palestra los políticos de turno a analizarla, comentarla y poner a parir todas las decisiones judiciales según les convenga?. Y hablo de cualquier ideología, ni derecha ni izquierda, sólo políticos, los cuales tienen unas funciones que nada tienen que ver con dictar sentencias ni estudiar o valorar pruebas. Y así estamos. Con sentencias donde la relación de hechos de la víctima y testigo (no olvidemos que no puede mentir), y sentencias donde la presunción de inocencia ha destruido toda la investigación y toda la instrucción de un procedimiento (recordemos que el acusado puede mentir, ironías de nuestro sistema jurídico), y todo este público asistiendo a un espectáculo en el que al final la víctima que ha sufrido un posible acto delictivo contra su libertad sexual está desprotegida y totalmente expuesta. Y así funcionamos…